La Unión Europea y la reconfiguración del orden androcéntrico en las dinámicas de la globalización (VII)
“Hay quien quiere salvar vuestras almas
¡Yo quisiera salvar vuestros cuerpos!”
Gloria Fuertes: “Cuarto Mundo” en Historia de Gloria
Desde la Conferencia de Beijing en 1995, cuya
Declaración adoptó la UE como Plataforma de Acción, las iniciativas de igualdad y la perspectiva de género se aplicaron en las políticas y programas de cooperación al desarrollo.
La cooperación al desarrollo de la UE se centra tanto en la ayuda al desarrollo, como en la política comercial, basada ésta última en la imposición del libre comercio. La UE afirma que las políticas en este sentido, integran la perspectiva de género y, sin embargo, los “efectos colaterales” de las políticas comerciales, apoyadas por los programas de “ayuda al desarrollo”, han sido perjudiciales para las mujeres.
En los años 70 y 80, en la cooperación al desarrollo se hablaba de MED, esto es, mujeres en el desarrollo y los proyectos y programas se centraban en la puesta en marcha de actividades paralelas para las mujeres como grupo. Se pretende la integración de las mujeres en el proceso de desarrollo existente por medio de aumentar su productividad e ingresos, y también aumentar sus habilidades como mujeres para cuidar el hogar, la salud, etc. Los organismos internacionales que habían considerado a las mujeres como sujetos “pasivos” a la hora de aplicar sus políticas, puesto que les otorgaban únicamente un papel reproductivo, les confieren ahora un papel destacado y consideran que la contribución económica femenina es fundamental para el desarrollo. Se comienza a tener en cuenta su utilización como mano de obra barata, lo que puede producir mayores beneficios al capital.
Sin embargo, los organismos internacionales fueron duramente criticados porque no sólo cargaban de más trabajo a las mujeres, sino también porque muchos programas de salud y educación para las mujeres ocultaban políticas abusivas que limitaban sus derechos reproductivos, dándose en algunos casos, esterilizaciones masivas obligatorias y a veces sin conocimiento de las afectadas. Con el fin de paliar tales críticas, las instituciones empezaron a utilizar el término GED, o género en el desarrollo, intentando dar a entender que no se utilizaba a las mujeres, sino que se las tenía en cuenta y que el objetivo era no sólo el desarrollo, sino también la erradicación de la desigualdad entre mujeres y hombres y que para ello se utilizaría la perspectiva de género al establecer y evaluar el impacto de cualquier política de desarrollo.
La realidad es que, en la mayor parte de los casos, es un comité de expertas en GED el que analiza las políticas macroeconómicas elaboradas por sus compañeros masculinos, pues los aspectos sociales - entre los que se incluyen las cuestiones de género-, se siguen considerando al margen del debate económico y político. El comité de expertas es el que se ocupa de darle a la política real, el pertinente barniz violeta para que el discurso sea considerado políticamente correcto al incorporar cierta perspectiva de género. Y, al igual que ocurre con los proyectos en los que es preceptivo un estudio de impacto ambiental, en los programas de desarrollo se establece la necesidad de un cuestionario previo de evaluación del impacto de género, que al igual que ocurre con el medio ambiente, se convierte en un mero trámite y suele ser manipulado de antemano, pues lo que realmente importa es el análisis coste-beneficio.
Habría que analizar también el verdadero significado de la palabra desarrollo, ya que para la UE, éste consiste en sustituir las formas tradicionales de subsistencia y cultura basadas en la utilización autónoma y ecológicamente sostenible de los recursos, por unas formas "modernizadas", "especializadas" y "productivas", es decir, más adecuadas para que entren a formar parte de la globalización de la economía capitalista, con el fin de que el Centro siga acumulando riqueza, obtenga materias primas a bajo precio, cree zonas de hiperexplotación del trabajo, aumente el consumo, etc. Como ya hemos dicho, las elites económicas persiguen monetarizar toda la economía para extender el modelo capitalista al resto del mundo.
El desarrollo consiste, pues, en desposeer a otros países y sociedades de sus recursos y medios de subsistencia autónomos para transferirlos al circuito de la economía mundial y de ahí a los mercados financieros globales. El desarrollo se convierte entonces en una variable que sólo se mide en términos económicos, dejando de lado los aspectos sociales, culturales, medioambientales y de género. Aunque más tarde se maquillan todas las políticas con los pertinentes tintes medioambientales (de verde) y de género (de violeta). Parece que el color blanco se va asentando últimamente como el color que distingue los aspectos éticos socialmente (el rojo se excluye porque sigue arrastrando demasiada ideología).
La ayuda al desarrollo no se da de balde, sino que se ponen algunas condiciones para recibirla, condiciones que se pueden resumir en tres casos: a) ejecutar un proyecto o programa concreto que a juicio del donante impulse el desarrollo en el país receptor; b) condicionar la ayuda a que el receptor adquiera, con el dinero prestado, bienes y servicios procedentes del país donante o c) condicionar al país receptor de la ayuda a que ponga en marcha reformas estructurales o de política económica que, a juicio del donante, ayuden a mejorar los resultados macroeconómicos. Esto último es a lo que se ha denominado Planes de Ajuste Estructural.
Estos tres condicionantes hacen que la ayuda responda realmente a los intereses, prejuicios o ideología del donante y no a las propias necesidades del receptor. La mayor parte de los proyectos y programas financiados por la ayuda al desarrollo, no llegan directamente a los más pobres o a las mujeres, sino a través de sus gobiernos o de alguna ONG. Las ONGs no son un canal para la participación política y la organización popular, ni guardan completa independencia de las administraciones y gobiernos y de las instituciones económicas internacionales, sino que son las ejecutoras de los proyectos de desarrollo institucionales, gubernamentales, internacionales y de la UE. En muchos casos, la ONG es la que define lo que se debe hacer, sin tener en cuenta la opinión y las necesidades de las receptoras de la ayuda. Ciertas ONGs han usurpado el espacio político que les correspondía a las organizaciones populares (cooperativas de campesinas, sindicatos, vecinos, etc.) puesto que ahora los gobiernos y los entes dedicados a la ayuda internacional, no quieren tratar directamente con las poblaciones interesadas si no es por mediación de la ONG de turno.
Por otro lado, la supeditación de la UE a las normas de la OMC, impide todo avance hacia una política comercial justa y que tenga en cuenta, de una forma real y no retórica, la perspectiva de género. Las reglas de la OMC favorecen a las grandes transnacionales y no a los pequeños productores, muchas de ellas mujeres. Da risa pensar que se pretenda que las mujeres alcancen la autonomía personal y la emancipación social compitiendo en “igualdad de condiciones” contra el monstruoso poder de los conglomerados transnacionales.
En más de 2/3 del comercial mundial está siempre presente la bota “invisible” de una transnacional, más aun, la mitad del comercio mundial tiene lugar entre filiales de una misma empresa, por no hablar de las inversiones directas, cuyo monto crece cada año y a través de las cuales, las transnacionales se están haciendo con la tierra, los recursos y las empresas públicas privatizas de los países periféricos. También la dependencia de los mercados externos y del sistema financiero internacional, con los riesgos que eso conlleva –léase el caso de las crisis asiáticas y latinoamericanas y el reciente ejemplo de Argentina- es un arma de doble y triple filo. Se estima que el 32% de los beneficios del comercio internacional van a parar a la UE, el 24% a EE.UU. y el 5,2% a Japón, y tan sólo el 27% a todo el conjunto de países en vías de desarrollo y a los países en transición. África camina hacia atrás en la loca carrera hacia la obtención del beneficio y la rentabilidad. La UE es un gigante económico, pero EE.UU. mantiene la hegemonía no sólo en lo militar, lo cultural y lo tecnológico, sino sobre todo, en lo financiero.
Las políticas de libre comercio y de ayuda al desarrollo son decididas por instancias como la UE y la OMC, al margen de las poblaciones a las que se aplican, y al margen de las mujeres. La OMC exige la reducción de aranceles y la liberalización de productos industriales, la liberalización de las importaciones textiles, la reforma de las políticas agrícolas que incluyen un impulso a las exportaciones, reduciendo y poniendo límites a los subsidios a la exportación e impidiendo cualquier legislación que suponga una restricción al libre comercio, esto es, eliminando cualquier normativa laboral, ambiental, social, de apoyo a la producción local, a las poblaciones locales y a las mujeres. Con estos mimbres no se pueden hacer otro tipo de cestos.
Los estados periféricos, al reducirse los aranceles procedentes del exterior, ven también reducidos sus ingresos y la primera medida que toman los gobiernos – presionados por las condiciones que imponen el FMI y el BM- es un recorte del gasto social en salud y educación. Las externalidades de estas medidas recaen, como no, sobre las mujeres a quienes se responsabilizará de estas labores en el ámbito doméstico. Para paliar esta reducción de ingresos, la UE propone la aplicación de impuestos tipo IVA, un impuesto indirecto regresivo que perjudica a los más pobres, es decir, a las mujeres. Además, el desmantelamiento del estado social, trae consigo también la pérdida de empleos públicos (educación, sanidad, etc.), desempeñados en su mayor parte por mujeres.
Al capital, no sólo no le preocupan las desigualdades entre mujeres y hombres, sino que, como hemos visto, en gran parte basa su “competitividad” en estas desigualdades de género. El libre comercio externaliza los costes sobre las mujeres y las empresas transnacionales obtienen sus beneficios a costa de ellas.
La globalización aumenta la brecha entre países ricos y pobres, entre ciudadanos ricos y pobres, entre mujeres y hombres y entre las propias mujeres. La globalización produce, reproduce y aumenta la desigualdad e introduce nuevas formas de discriminación. La macroeconomía se sustenta sobre las microeconomías domésticas no monetarizadas, soportadas en su mayor parte por mujeres. Los ahorros de las empresas en las condiciones laborales y ambientales repercuten sobre las mujeres que acabarán “cargando” con el cuidado de las personas que enferman. Crecen las externalidades que son forzosamente obligadas a ser cubiertas y soportadas por las mujeres.
Chusa Lamarca
Ir al capítulo siguiente
